Reelección indefinida: ¿sí o no?

En esta nota te contamos sobre monarquías del siglo XXI, nepotismo, candidaturas testimoniales y formas de participar para ponerle freno a los gobiernos que ya no nos representan.

El año 2016 trajo para la democracia una noticia tan ansiada como necesaria: la sanción de la Ley 14.836 que modifica la atrasada Ley Orgánica de las Municipalidades.

En su primer artículo, la Ley limita la reelección indefinida de Intendentes y Concejales de la Provincia de Buenos Aires, estableciendo una única reelección por un nuevo período de 4 años, como tiene actualmente nuestro sistema presidencial.

Esta medida tal y como está dejaría a 96 intendentes de los 135 municipios de la Provincia sin posibilidad de reelección para el 2023. De esos 96, 51 son de Juntos, 41 del Frente de Todos y 4 de partidos vecinalistas.  De todos ellos, el intendente de San Isidro es quien más tiempo lleva en el poder, gobernando desde hace 22 años ininterrumpidamente tras otros 20 años de su padre en la intendencia.

¿Qué pasa entonces cuando no hablamos solamente de un gobierno que se queda 2 períodos al frente de un municipio, sino de 6 de la misma persona y 11 de la misma familia?

El inicio de la Monarquía

El primer mandato de los Posse, en ese momento encarnado por Melchor, fue en 1958. En 1958 los Beatles no habían publicado ningún tema; Fidel Castro no había tomado el poder en Cuba; Mauricio Macri no había nacido; la Unión Soviética todavía no había lanzado la primera sonda con destino a la luna. Desde entonces, la Ley Orgánica de las Municipalidades sufrió 140 modificaciones y, considerando solamente las elecciones realizadas por vías democráticas, la intendencia de San Isidro no cambió de apellido ni una sola vez.

En 1983, con la vuelta de la democracia y la victoria alfonsinista, vinieron 4 períodos consecutivos para la intendencia de Melchor Posse. En 1999- y casi por herencia- asumió el Municipio su hijo Gustavo, quien en ese momento lideraba en San Isidro la Alianza, el partido de coalición entre la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario.

Desde entonces,su nivel de radicalismo en sangre ha ido mermando hacia la comodidad de apostar siempre al caballo ganador. En 2007 Gustavo Posse acompañó la lista de Cristina Fernández de Kirchner dentro del Frente para la Victoria, asegurándose no solamente de ganar la intendencia por tercera vez sino de recibir 410 millones de pesos para la construcción de más de 3.200 viviendas del Plan Federal -algo así como 130 millones de dólares en ese momento- monto que hoy sería el equivalente a 13 mil millones de pesos. Aún con ese dinero, en San Isidro se construyeron solamente un tercio de las viviendas estipuladas y eso le costó al intendente nada menos que una denuncia penal por desviación de fondos públicos.

En 2013 se sumó al amplio carril del medio a través de la unión con el Frente Renovador que duró solamente 2 años hasta que Guillermo Montenegro tuvo el atrevimiento de disputarle la intendencia al Barón del Conurbano dentro del espacio de Cambiemos, que de «cambio» para San Isidro solo implicó el cambio de bando.

El 2015 trajo entonces 4 años más de una gestión en decadencia que terminó de desgastarse en 2019, con una aparente fecha de caducidad del possismo en 2023 gracias a la Ley 14.836 que impulsó María Eugenia Vidal en 2016 con apoyo del massismo.

Los resultados en San Isidro tras 42 años de la misma familia salen a la luz rápidamente: estancamiento por acomodo, por costumbre, por desinterés.

¿Te imaginás 40 años apretando el mismo botón todos los días? Bueno, es eso. Es manejar un municipio como si fuese una casa alquilada: ni bien te mudás le hacés de todo para que esté bien y mejore de a poco, pero con el tiempo dejás de ver los defectos, naturalizás los errores y emparchás lo que no funciona o lo atás con alambre porque no sabés cuánto tiempo más vas a estar ahí.

Eso pasa en San Isidro desde hace unos cuantos años: la falta de planificación urbana se arregla con casuística, la utilización de la costa pública se convirtió en favores a los emprendimientos privados y la urbanización de barrios populares se consagró como una de las más grandes utopías para más de 35.000 vecinos que al día de hoy viven sin servicios básicos como el agua potable, la electricidad y la conexión a la red cloacal. Ni hablar de los montos exorbitantes que pagamos los contribuyentes por servicios deficientes y la capacidad del intendente de aumentar los impuestos sistemáticamente en vez de eficientizar el gasto público.

Nepotismo y amiguismo

Por eso, la falta de alternancia es peligrosa. Tras la derogación del artículo 11 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, desde 1986 se permite que el Concejo Deliberante sea integrado por familiares del Intendente Municipal, abriendo una ventana de nepotismo y traspaso de mando casi de manera monárquica.

La ley 14.836 que limita la reelección indefinida de los Intendentes y Concejales, además establece una modificación del artículo 7^mo de la Ley Orgánica de las Municipalidades, decretando como incompatibles las funciones de concejal con las de empleado a sueldo de la Municipalidad.

Si tomamos de cerca el caso de San Isidro, no solamente encontraremos en las filas de concejales a la hija del Intendente- quien ya cumplió la edad reglamentaria para ser concejal pero en 2019 fue consejera escolar durante un mes antes de renunciar- sino que de los 7 ediles que ingresaron al Concejo Deliberante el pasado 10 de diciembre por el possismo, 4 son funcionarios municipales de alto rango.

Macarena Posse, quien fue designada por su padre como Secretaria de Coordinación Municipal en enero de 2020, hoy ocupa una banca como concejal. No sabemos a ciencia cierta si se pidió licencia del cargo o renunció ni quién ocupó su lugar, ya que los boletines oficiales donde se transparenta dicha información no se actualizan desde el mes de agosto.

A su vez, Martín Vázquez Pol, juez de faltas del juzgado N°2, acaba de pedir licencia a su cargo para ocupar la presidencia del Concejo Deliberante y mantener al ex concejal Pablo Fontanet como secretario del Honorable Cuerpo. Entendemos que el juzgado de faltas se encuentra vacante aunque los rumores dentro del Ejecutivo exponen al ex presidente del Concejo Deliberante, Andrés Rolón, como el sucesor de Vázquez Pol dentro del Juzgado. Parecería un gran tablero de ajedrez donde no hace falta sacar piezas sino simplemente moverlas de lugar.

Los pedidos de licencias más polémicas los protagonizaron Juan Viaggio y Walter Pérez, quienes ocupando el 1er y 3er puesto respectivamente de la lista de Juntos decidieron jurar como concejales para luego tomarse licencia indefinida y volver a sus cargos originales: Viaggio como secretario de Salud Pública del municipio y Pérez como secretario de Inspección, Habilitaciones y Tránsito, lugares que ocupan hace varios años.

Esta actitud de colocar nombres de confianza del Intendente en el órgano deliberativo para engañar al electorado y luego volverlos a su puesto original es una muestra más de la gestión estancada, corroída, vieja, desganada… deja ver un suelo tan pisado que ya nada puede crecer allí.

Hecha la ley, hecha la trampa

Aunque la re-reelección no es un derecho constitucional y la prohibición de legislar con retroactividad se da únicamente cuando se afecta un derecho de esas características, los intendentes de toda la provincia ya están pensando la manera de perpetuarse o al menos quedarse en el sillón municipal 4 años más.

Desde tomarse licencia hasta planificar cuidadosamente una renuncia justo antes de completar el mandato, los intendentes están pensando y poniendo en práctica todo tipo de tramoyas para asegurarse la posibilidad de ser reelectos en 2023. El pedido de licencia de Jorge Macri en Vicente López, por ejemplo, o la reciente separación de Walter Caruso y Martín Rodríguez Yelpo del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio- quienes responden a Gustavo Posse- y con la conformación de su propio bloque Cambio Federal le regalaron al Frente de Todos la posibilidad de ser la primera minoría en la Cámara. Detrás de esta jugada política se esconde la intención del intendente de no perder autonomía e intentar demostrar cuánto lo necesitan a pesar de haber perdido la interna radical contra Abad a principio de año.

Durante el 2021 ya suman 18 los intendentes entre los de Juntos y del Frente de Todos que se han pedido licencia, ya sea por haber sido candidatos estas elecciones o por sus nombramientos en otros cargos. Esto atenta no solamente contra la democracia sino contra el bienestar de los vecinos que merecen una renovación política para que de una vez por todas la finalidad sea servirlos y cumplir las necesidades de la comunidad en vez de servirse del Estado y llenarse los bolsillos.

Límites al poder

Para garantizar el cumplimiento de la ley 14.836 que limita la reelección indefinida es necesaria la participación ciudadana, la instalación en la agenda de las consecuencias que realmente implica para la sociedad la gobernanza indefinida, y que la casta política deje de buscar ventanas de oportunidad o formas de reinterpretar las leyes para beneficio únicamente de unos pocos.

Los vecinos y vecinas, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y quienes elegimos el sector público para transformarlo de raíz, debemos alzar la voz para hacer valer nuestros derechos, nuestra libertad, los ingresos que generamos con tanto esfuerzo a través de nuestro trabajo y que muchas veces terminan siendo mal administrados por los gobernantes, nuestro poder de construir el país que queremos y por sobre todo nuestro derecho a vivir en democracia y elegir representantes que verdaderamente trabajen por el bienestar de cada habitante de este suelo. Pongámosle un punto final a la reelección indefinida, porque nada es para siempre.

Catalina Riganti

Concejal ConVocación por San Isidro